Ese gran progreso de la humanidad está todavía lejos de muchos países, entre ellos Colombia. Los personeros del catolicismo, del Islam y del judaísmo fundamentalista se creen con derecho de imponer sus dogmas sobre los países donde el Estado regula la vida civil de acuerdo con ellos.

Aunque la Constitución de 1991 quiso hacer efectiva la separación de la Iglesia y el Estado, hay una conjura creciente en su contra. El Presidente fusiona personalmente al Estado que él representa con la fe católica, al inclinarse ante los símbolos de esa denominación, del beato Marianito en Angostura, Antioquia, a la virgen de Fátima en Portugal. El Procurador, que es el agente del Ejecutivo que vigila la conducta de los funcionarios públicos, cuelga un crucifijo sobre su escritorio y deja saber que esa conducta será medida de acuerdo con el catecismo y no de conformidad con la Constitución.

El derecho al aborto, sentenciado por la Corte Constitucional, viene siendo efectivamente obstaculizado por la Iglesia, los funcionarios y los médicos creyentes, sirviendo para perpetrar enormes e irreparables daños a las vidas de miles de mujeres que han sido violadas, cuyos embarazos están comprometidos por malformaciones de los fetos o son una amenaza para sus vidas.

Lo que es indignante es que todos estas instituciones y personas que les roban el poder de decisión a tantas mujeres, que las obligan a tomar las peores decisiones para sus vidas y patrimonios, terminen por ignorar su responsabilidad en ellas. Me explico: si yo obligo a una mujer a seguir con el embarazo de un feto con hidrocefalia, yo debiera compensarla por el intenso dolor afectivo y físico de continuar con el embarazo y por los enormes costos que le va a representar mantener con vida un infante en esas condiciones que le causó mi decisión.

De manera similar, si obligo a una mujer a tener y a amar al fruto de una violación, yo debo responder por el daño psicológico al que la someto, que se multiplica al tener que afrontar el embarazo, la indignidad, la vergüenza infinita y los costos de levantar a ese hijo de la violencia, pues presumo que el violador no va a pagar alimentos.

Si una institución o persona impiden que una mujer aborte y ella muere a raíz de esa decisión violentada, deberán compensar a sus familiares y deudos por haber precipitado una pérdida de vida que no era necesaria. Incluso se trata de un homicidio, aunque se crea torpe y firmemente que es preferible la vida del feto a la de la madre. Impedir que jóvenes que tuvieron relaciones sin protección recurran a la píldora del otro día, como pretende el Procurador, es dañar sus vidas de manera irreparable con tal de castigar el “gustico”.

Y para rematar: la amonestación de la Iglesia de que en los países infestados de sida los fieles no usen condones, debiera ser enfrentado con unas demandas ante la justicia terrena que la obliguen a asumir el costo de las pandemias a que contribuye tan equivocada decisión.