El presidente Uribe redujo impuestos a dedo con la definición de zona franca para las empresas que invirtieran nuevos fondos, que obtenían una reducción del 18% en la tasa que debían pagar de sus utilidades, lo que ha provocado una caída cuantiosa del impuesto a la renta de los grandes contribuyentes del país. También eximió de impuestos a los productores de etanol y de biodiésel.

El complemento de este comportamiento contra la democracia fue aumentar el impuesto a la gasolina, cuando su precio internacional cayó en 70%, sin permitir que se reflejara en el precio interno. ¿Por qué lo hace? Porque ahora sí está urgido de los importantes ingresos que disipó innecesariamente entre los que menos lo necesitaban.

Yo no estoy de acuerdo con los economistas que critican el impuesto adicional a la gasolina por su impacto económico en medio de una recesión, sin considerar lo que debe ser su precio de largo plazo. Los combustibles derivados de fósiles no renovables son escasos estructuralmente y su precio de mercado dejó de reflejar esta realidad por la magnitud de la crisis internacional. Por lo tanto, es adecuado propiciar su ahorro y su utilización más eficiente, porque en 3 ó 4 años se volverá a presentar una escasez mundial de petróleo. Reducir el precio, como se hace en los Estados Unidos, incentiva su desperdicio en contra del uso de carros más pequeños y de las iniciativas a favor del carro eléctrico o del basado en el hidrógeno.

El subsidio al diésel se llevaba el 80% del subsidio a la gasolina cuando estaba en operación y se deriva del poder del gremio transportista, que así se ve favorecido. Por la misma razón, evade modernizar sus flotillas para que consuman menos combustible, algo especialmente evidente con buses y busetas que transitan vacíos por las calles de nuestras ciudades, pero igual en las viejas tractomulas que se varan o accidentan en nuestras estrechas carreteritas.

No se justifica que los sustitutos de la gasolina y del diésel dejen de pagar impuestos, porque incentiva el uso de la superficie agrícola en contra de la producción de alimentos, aumenta la renta del suelo y perjudica a los municipios que ven reducidos sus ingresos por la sobretasa a la gasolina. En aras de la simplicidad y para impedir la evasión de impuestos, todos los combustibles deben ser gravados con una tasa uniforme, incluyendo el diésel y los de origen biológico.

El Congreso nacional se dejó robar sus atribuciones por el Presidente, con lo que ha traicionado su función fundamental de aprobar los impuestos que recaen sobre los ciudadanos. El Gobierno debe presentarle una reforma tributaria que racionalice los tributos, incluyendo el de los combustibles, los haga más justos y contribuya a financiar las obras que pueden reducir el creciente desempleo. En una recesión es sensato aumentar los impuestos a los ricos, pues éstos no pueden gastar sus ahorros, mientras que el Gobierno sí puede hacerlo de manera productiva.