En términos filosóficos, el Gobierno ha reducido la acción regulatoria del Estado a su mínima expresión, destrozando el entramado ministerial, al tiempo que ha devuelto impuestos a las empresas, ha reducido tarifas para los inversionistas seleccionados a dedo y regalado dineros públicos a los más ricos. Ha pretendido pues debilitar el Estado lo cual es muy contradictorio con la expuesta necesidad de aumentar el poder militar del mismo para derrotar definitivamente a la insurgencia. Ha terminado incrementando la inequidad en una de las sociedades más desiguales del mundo.
Con un déficit del gobierno estructural de 3,5% del PIB de pleno empleo (el que se dio en 2007) fue irresponsable devolver 1,5% del PIB a los contribuyentes más pudientes, agravando el déficit y disparando la deuda pública, en una perspectiva en la que va a depender cada vez más de sus acreedores para tapar el hueco insondable de las finanzas públicas. El endeudamiento creciente tendrá repercusiones en la revaluación del peso, si el financiamiento es en dólares o de aumentar las tasas de interés de largo plazo, si se escoge el financiamiento en moneda local. Los afectados serán los exportadores y todas las empresas que aspiren a financiarse en el mercado local de capitales.
El primer deber de los candidatos presidenciales responsables es entonces proponer medidas serias para enfrentar este enorme déficit fiscal. Se requiere de una reforma tributaria integral que elimine exenciones de manera radical, tase a los accionistas de las empresas más que a las propias empresas y vuelva permanente el impuesto al patrimonio en cabeza de personas naturales (y no de las empresas). El ingreso tributario debe elevarse progresivamente hasta alcanzar un monto aproximado de 3% del PIB.
Por el lado del gasto, debe racionalizarse el militar, evaluándolo por resultados que sean verdaderos; hay que tapar varios agujeros negros como el del Sisbén que está socavando el régimen contributivo para hacer populismo. La contratación pública se ha corrompido tanto que no está entregando las obras por las que hemos pagado varias veces los contribuyentes.
Es que se han feriado descaradamente el Estado al creerse en reelección perpetua, sin oposición y sin medios de comunicación que vigilen y critiquen los sobrecargos y las enormes deficiencias de la contratación. La segunda tarea del candidato presidencial decente es reafirmar que los recursos públicos serán sagrados, se invertirán de manera eficiente para favorecer el desarrollo del país y para beneficiar a la mayor parte de los ciudadanos.
Otro tema fundamental es que este modelo distorsionante ha producido desempleo y elevado la informalidad al 58% de la fuerza de trabajo. La razón es que ha inducido la maquinización subsidiándola, al tiempo que ha aumentado las cargas parafiscales contra la nómina. Se ha producido entonces un reemplazo de mano de obra por capital.
Los candidatos presidenciales que aspiren a mejorar las condiciones de vida de los colombianos deberán invertir esta nefasta política: subsidiar el uso del trabajo, eliminar algunas de las cargas parafiscales que castigan el empleo y que deben salir de los impuestos directos e incentivar el uso del sistema contributivo de salud. Sólo así la economía generará más empleo formal y se impedirá la bancarrota del sistema pensional y de salud.
