A principios del siglo XX en Colombia a existían altas tasas de natalidad, pero también de mortalidad, especialmente infantil, arrojando un crecimiento poblacional de 1,8% anual. Cada familia tenía entre 7 y 10 hijos, de los cuales sobrevivía poco más de la mitad. En ese momento, la esperanza de vida era de 30 años y 60% de la población era analfabeta. Los niños trabajaban y sólo 200.000 asistían a la escuela primaria, dentro de una población total de 4,7 millones. Existían pocos médicos y eran escasos los cuidados prenatales de las madres; las condiciones de salubridad eran muy deficientes, por los pocos acueductos y alcantarillados con que contaba el país.

Con el desarrollo de la caficultura y de la industrialización comenzó una radical transformación de las condiciones de vida de la población. Se extendieron la medicina, la vacunación, las campañas contra la malaria, y se amplió la cobertura de la medicina moderna y la aplicación de antibióticos. Comenzó a extenderse la esperanza de vida, que hoy alcanza los 72 años. Las madres recibieron mayores cuidados pre y posnatales, reduciéndose la tasa de mortalidad infantil. Los niños dejaron de trabajar, sobre todo en las ciudades, y comenzaron a estudiar en números cada vez mayores. Mejoraron también las condiciones sanitarias. Las familias se vieron agobiadas por tener que sostener a mayores números de hijos sobrevivientes y de personas mayores. La expansión demográfica se aceleró y llegó al 3% anual hacia 1960. Estábamos en medio de una explosión demográfica y había que tomar medidas.

El gobierno de Alberto Lleras Camargo propició que una fundación privada, Profamilia, liderada por Fernando Tamayo y Miguel Trías, adelantara campañas de educación y diseminación de métodos de control natal en todo el país, que sólo comenzó a operar en 1965. No era posible entonces que el Estado fusionado con la Iglesia asumiera su responsabilidad de atender la base misma del bienestar de los colombianos. La Iglesia reaccionó rápida y contundentemente para frenar la acción de Profamilia. El MOIR la acompañó con una campaña que acusaba al imperialismo norteamericano de un plan siniestro de esterilizar a las mujeres colombianas, diseminando panfletos que, se decía, eran financiados por el arzobispado. Trías (q.e.p.d.) fue excomulgado, pero como era un ateo de corazón, le importó poco el castigo divino.

Muchas mujeres y familias, sin embargo, desestimaron la campaña de la Iglesia. Las necesidades económicas, los deseos de libertad y de poder controlar la vida y el cuerpo de millones de parejas hicieron que acogieran masivamente las enseñanzas y los métodos anticonceptivos. Se produjo una revolución demográfica pues la tasa de expansión se redujo del 3% anual mencionado al 1,7% que se deduce del censo de 2005. Sin embargo, el daño estaba hecho porque la población había crecido mucho más que las oportunidades de empleo formal.

La acción del Estado después de la Constitución de 1991, que lo separó de la Iglesia, hizo posible que un sistema de salud público de mayor cobertura atendiera las necesidades reproductivas de la población. Sin embargo, millones de mujeres siguen siendo víctimas de la ignorancia y de la maternidad indeseada en los sectores más pobres y desprotegidos de la sociedad colombiana. Y la religión más el procurador ahí, perpetuando la miseria y el sufrimiento.