Las consecuencias de la mala nutrición antes del parto y durante la primera infancia marcarán a los individuos a lo largo de sus vidas en su estatura y masa corporal, rendimiento escolar, vulnerabilidad a las enfermedades, bajos ingresos laborales, propensión al embarazo adolescente y criminalidad.

El encargado de aplicar los programas de cuidado a la primera infancia es el Instituto de Bienestar Familiar, que recauda 0,3% del PIB, $1,7 billones que cuelgan sobre la nómina y que causan desempleo e informalidad adicionales a los elevados niveles que registran.

Se trata de un presupuesto restringido que alcanza una cobertura de entre una quinta y una cuarta parte de los 5 millones de niños que requieren asistencia en términos de desayunos escolares, hogares comunitarios y hogares familiares. Se sabe de más de 900.000 niños que quedan solos en sus hogares durante el día, según el estudio de Raquel Bernal y Adriana Camacho (Cede, 2010), lo cual es altamente preocupante y se revela cada vez que hay un incendio en un inquilinato y quedan atrapados los niños encerrados bajo llave.

El ICBF no alcanza para atender el cuidado y la educación de los padres en las etapas del embarazo, parto y postparto. Sin embargo, es en esta etapa del desarrollo de los individuos que son mayores el impacto y la rentabilidad social de las intervenciones públicas que las que vienen después en los primeros años de vida, escolaridad temprana y media. Acá se pueden contrarrestar las dietas pobres en hierro que terminan en anemias crónicas, en fósforo que permite un mejor desarrollo cerebral y una suficiente ingesta de proteínas, carbohidratos y vitaminas que vienen en las verduras y frutas y que aumentan la absorción, por parte del organismo, de los nutrientes que requiere.

Otro programa que puede ayudar a reducir la exposición al hambre y la desnutrición es el de Familias en Acción, que alcanza una cobertura de 3 millones de hogares pero que ha sido utilizado como herramienta política por el anterior gobierno. En las pasadas elecciones alarmaban a sus beneficiarios de que había que votar por Santos pues los otros candidatos querían liquidar los programas sociales y cerrar el ICBF.

Es notoria la falta de solidaridad entre el quintil más rico de Colombia que paga muy pocos impuestos directos y la gran masa de personas que están abiertamente desempleadas o están reducidas al sector informal de la economía en la que reciben ingresos inferiores al salario mínimo; allí no hay contribuciones para la salud, las pensiones, entre otras muy redundantes e inconvenientes, como financiar al ICBF, de manejo clientelista, según se ha venido a saber. De hecho, los impuestos a la nómina tienden a ser traspasados a los consumidores, castigando en especial el trabajo formal, pues un empresario piensa mucho entre contratar a un trabajador con o sin prestaciones e impuestos.

El gobierno Santos se ha puesto una meta muy modesta de reducir el desempleo a un dígito, o sea se contenta con un 9,9%. Si en verdad estuviera empeñado en expandir el empleo formal y atender mejor a la población pobre y a sus hijos, haría bien en aumentar el impuesto a la renta y así financiar sobradamente los gastos sociales.