La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá ha superado dos crisis en los últimos 25 años que la llevaron al borde de la quiebra. Sus problemas se derivan fundamentalmente de ser una empresa industrial y comercial del Estado, lo que le impide tomar decisiones desprovistas de política, limita su endeudamiento y su capacidad de movilizar el ahorro del público o de establecer alianzas estratégicas con socios dotados de capital y de experticia.

Aunque la empresa aparenta ser una máquina de hacer dinero, no le pasa ninguno a la ciudad y tiene una serie de debilidades que la hacen vulnerable. Hoy en día la EAAB es incapaz de enfrentar sus propios problemas y los de la población de Bogotá hacia futuro. Su forma organizativa le impide contar con un gobierno corporativo adecuado a sus fines y, por el contrario, permite su politización. Ello se expresa en el desmantelamiento de su equipo técnico, la permanencia de un sindicato de antigua tradición que genera un factor salarial de 2,5 veces y unos costos crecientes. Más aún: en ciertos aspectos, el sindicato cogobierna la empresa a su favor y no para atender las necesidades de 7 millones de bogotanos.

Aunque ha habido esfuerzos para cubrir el pasivo pensional, éste es difícil de calcular por la retroactividad de las cesantías. Otro elemento que parece tener un comportamiento político es el de no proceder a controlar las pérdidas negras o dejar de hacer los cortes de agua cuando se acumule la morosidad de los usuarios. La ciudadanía se queja de la desidia con la que se atienden emergencias o el dejar las calles rotas después de hacer reparaciones en las redes.

Esas debilidades pretendieron ser subsanadas en el pasado recurriendo a las concesiones, que dejaban intacta la estructura sindical y de poder de la empresa, elaborando una estructura paralela que duplicaba los costos y dejaba a los trabajadores sindicalizados con pocas tareas que ejercer, mientras que se salió del personal técnico que fue contratado por las concesiones. Las concesiones han tenido resultados mixtos: la de Tibitó ha funcionado adecuadamente para surtir a la ciudad, mas las tres concesiones que administran las cinco áreas de Bogotá por lo menos no han reducido las pérdidas del líquido. La EAAB ha demandado el contrato con Tibitó porque cambiaron las condiciones iniciales y se apresta a licitar los que tienen que ver con la administración de las cinco zonas de la ciudad.

Durante la primera administración Mockus, cuando hubo una crisis del suministro del líquido, una campaña educativa del propio alcalde condujo a una reducción radical del consumo y a que la oferta de agua de hoy todavía supere la demanda.

En estas circunstancias es conveniente y necesario hacer la transformación de la empresa en una sociedad anónima, dotada de un gobierno corporativo transparente, que coloque acciones entre el público a la vez que ofrece vender la mitad de las acciones más uno a un operador que garantice su capitalización y su operación eficiente. Con esta reorganización, el incentivo del accionista mayoritario es maximizar la ganancia de todos los socios de la alianza.

Una vez vistas las necesidades de ampliación hacia futuro, que ya no tienen que ver tanto con el suministro de agua sino de alcantarillado y tratamiento de aguas, la sociedad podrá decidir el nivel de capital que requiere para ampliarse y operar, con lo cual la ciudad puede recuperar un capital hundido en la empresa durante muchos años de sucesivas inversiones. Si las cosas se hacen bien, el público y un operador privado podrían aportar capital que podría ser invertido en otras infraestructuras que la ciudad requiere con urgencia. Asimismo, la ciudad podrá contar con unos dividendos proporcionales al valor de los activos que estarán óptimamente administrados, puesto que hoy no recibe ninguno.

Y muy bueno el gabinete de Samuel Moreno: técnicos impecables y reputados políticos. A ver qué hacen con el Acueducto.