¿Es lícito en una era de terror darles a las fuerzas de seguridad una mayor libertad de acción contra los que atenten contra la democracia? El primer argumento que presenta Ignatieff es que “una constitución no es un pacto de suicidio”. La sociedad debe defenderse de organizaciones e individuos dispuestos a cometer actos masivos de asesinato y de daños a sus infraestructuras.

Sin embargo, advierte el autor, la democracia no puede prescindir de su sistema legal que recurre a la revisión contradictoria y a la prueba de lo razonable. En una democracia se generan controles y equilibrios, cortafuegos que garantizan la independencia de las instituciones que llevan a cabo las revisiones. Un ejemplo que nos toca: dos jurados de conciencia se han rehusado a dictaminar sobre la deficiente evidencia presentada por la Fiscalía contra Palmera, el guerrillero dirigente de las Farc.

La ética política frente al terrorismo, según Ignatieff, busca un equilibrio entre los derechos y la seguridad que no acabe con los primeros. Que el mal menor, un incremento de la represión para enfrentar el terrorismo, no conduzca a que se convierta en el mal mayor, o sea que el Estado termine practicando el terrorismo y vulnere cada vez más los derechos de sus ciudadanos.

Esta discusión nos toca profundamente porque las prácticas terroristas de la guerrilla fueron respondidas ineficientemente por el Estado, y fueron primero el crimen organizado y después las bandas de justicia privada los que recurrieron a sus mismos métodos: el desplazamiento forzado, el asesinato selectivo de dirigentes, intelectuales y políticos, el secuestro, la extorsión y la tortura.

Uno de los grandes logros de la administración Uribe, si culmina con algo de justicia, ha sido la desmovilización de los ejércitos irregulares de la extrema derecha y someter a sus dirigentes a procesos judiciales expeditos que han revelado muchos de sus horrores, asesinatos y desapariciones. Es obvia una afinidad ideológica entre el Presidente y los paramilitares, pero una vez que rueda la máquina de la justicia, es difícil intervenir su marcha, aun por el Ejecutivo.

He argumentado que las Farc puedan estar cerca de la búsqueda de acuerdos sobre rehenes con el Gobierno por las derrotas y debilitamiento que han sufrido. Necesitan un aire que se lo podrían dar sin revertir mucho su situación si el Gobierno libera a los presos de esa organización que no hayan cometido delitos de lesa humanidad.

Creo también que están lejos de negociar la paz. Las alternativas que tienen son básicamente: 1) abandonar el terrorismo primero, las armas después, para convertirse en un partido bolivariano, subordinado al sueño imperial de Chávez; 2) seguir ejerciendo cierto control territorial, emplear el terrorismo con provecho político, vivir del negocio del narcotráfico y jugar con los secuestrados para obtener visibilidad política.

Esta última decisión puede llevarlos a su progresiva desmoralización y a que se conviertan en verdad en una organización concentrada en el crimen. La vía de reconocer la Constitución y recurrir a la controversia electoral, que no a la violencia, la deben mirar con desconfianza, puesto que han irrespetado tanto las aspiraciones del pueblo que entienden como imposible conseguir algún soporte electoral.

La conclusión es que el Estado debe recuperar el monopolio de la violencia y su aparato de justicia es el que debe perseguir a los transgresores de la democracia, sin afectar su esencia.