La alcaldesa Clara López desautorizó al despótico funcionario y anunció que dejaba la implementación de la medida en manos de Petro, quien está de acuerdo con liquidar los 25 colegios concesionados.

Aquí se trata de la política de la izquierda de finiquitar los convenios con buenas instituciones como Cafam, Colegio San Carlos, Gimnasio Moderno, Universidad de los Andes, Colegio Nueva Granada y otros que han obtenido resultados muy buenos para estudiantes de estratos 1 y 2 en las pruebas Icfes y en reducir la deserción. En efecto, según un estudio de Juan Diego Bonilla*, en las pruebas Saber 11 los estudiantes de los colegios concesionados obtienen puntajes más altos en matemáticas, puntaje verbal y el total, pero además la mejor pedagogía conduce a que más estudiantes aumenten su nivel de competencia frente a los colegios no concesionados. En los colegios así administrados disminuye a la mitad la diferencia abismal entre colegios públicos y privados. Mientras en los colegios no concesionados deserta un 5% de sus estudiantes, entre los concesionados lo hace sólo 1%. Más aún, los bachilleres de los colegios concesionados tienen una posibilidad mayor de acceder a la universidad que los estudiantes de los colegios no concesionados.

Las razones del éxito de los colegios dados en concesión son las siguientes: contratación del plantel condicionada a resultados académicos, maestros mejor preparados, aunque con salarios pagados 10 meses al año, currículos probados en los colegios de alta calidad, jornadas completas y años lectivos más largos. El resultado tiene más mérito si se considera que los colegios están situados en los barrios marginales de la capital, “caracterizados por tener hogares más vulnerables en términos económicos, lo que invariablemente afecta de manera negativa el desempeño académico de los estudiantes”. Estos colegios invierten en capacitación de sus docentes, hacen seguimiento a sus estudiantes con problemas de aprendizaje y les brindan tutorías, involucran a los padres de familia en el proceso educativo y trabajan con las comunidades con el fin de disminuir la violencia escolar.

El costo por estudiante en los colegios no concesionados es $100.000 más alto por año que el de los colegios concesionados, lo que significa que es posible aumentar la calidad del sistema público y, al mismo tiempo, reducir sus costos unitarios. Este es un resultado que disgusta a los sindicatos de los educadores públicos, al igual que la presión de mejorar la administración de los colegios en que laboran con mayores exigencias de calidad y jornadas más largas. Nada peor para los intereses estrechos del gremio que se universalicen las prácticas docentes que han logrado mejorar la vida de miles de niños: se perturbarían la desidia administrativa y la pedagogía mediocre que explican, en parte, el deterioro del sistema de educación público (la doble jornada también atenta contra la calidad).

Si la izquierda dice defender los intereses de la mayoría de los padres de familia de la capital y de sus hijos, debe ofrecerles la mejor educación posible. No tiene por qué destruir lo construido ni hacer una política educativa de todos en el piso.

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