Unos, incluyendo al Presidente, le achacan la culpa a la cultura del narcotráfico; otros, a la avaricia del sistema financiero legal. Muchas de las bases políticas del Presidente están asociadas con el narcotráfico y éste se ha vuelto ducho en desasociarse del mismo. DMG, como ejemplo, tenía fletado a más de un político de la coalición uribista a la que donaron generosamente en especie y en efectivo de sus recursos ilegales. En la ley financiera, a punto de ser aprobada por el Congreso, se legalizaban sus operaciones de lavado de activos y de jugar con el ahorro del público. Vuelve a surgir la pregunta: ¿Hasta qué punto está capturado el Estado colombiano por el crimen organizado?

El sistema financiero, por su parte, no muestra interés por el pequeño depositante y lo ahuyenta con comisiones onerosas por el uso de cajeros electrónicos ($4.000 por golpe) y tarjetas débito ($7.500 mensuales en el caso de una ex corporación de ahorro que solía pagar intereses de Upac atractivos). Es increíble que los fondos de cesantías paguen —óigase bien— 2% anual por el ahorro acumulado de los trabajadores. Pero decir que incitaron a los clientes a que se enredaran con las pirámides es obviamente falso.

Es que la intermediación financiera segura es costosa: exige un capital importante, cumplir regulaciones de la Superintendencia Financiera y del Banco de la República, abonar seguro de depósito y encaje, proveer por la cartera deteriorada, todo lo cual garantiza la seguridad de los cuentahabientes. Es un sistema llano y medio adormilado el nuestro, algo que es valioso en estos tiempos de crisis internacional, causada por una excesiva profundidad financiera.

El problema de fondo con las pirámides no fue tanto la regulación que existía, sino la incompetencia de cada una de las autoridades, inhibidas por el mesianismo presidencial. Este gobierno se ufanó, además, de liquidar el Estado intervencionista. Al fusionar las reguladoras de bancos y de sociedades en la Superintendencia Financiera, se nombró a un experto ejecutivo que venía de reorganizar exitosamente la bolsa colombiana y que se tomó en serio su tarea. Cuando pretendió aumentar las provisiones de los bancos para enfrentar un posible deterioro de sus carteras, sus vigilados exigieron su reemplazo y el presidente Uribe los satisfizo. El superintendente que le sucedió aprendió la lección: no podía desplegar iniciativa alguna o ser diligente porque lo despedían. Pero también lo echaron como chivo expiatorio y por negligente, ante los cual los gremios financieros alcanzaron a protestar.

¿Cuál fue el resultado del libertinaje? Doscientas empresas dedicadas impunemente a esquilmar a medio millón de personas, que despertaron de su sueño de enriquecimiento rápido con la fuga de los dueños de DRFE y la pérdida total de sus magros ahorros. Sólo entonces el Gobierno sobrerreaccionó: emergencia social, capturas, discurso demagógico contra la usura y el público engañado ahí, de vuelta a su miseria de siempre.