Cuando el Ejecutivo concentra el poder, y lo hace cada vez más cambiando las reglas de juego electorales a su favor, no rinde cuentas y actúa arbitrariamente. Cada período que repita el mandatario le brinda nuevas áreas de control de la vida política, económica, judicial y legislativa que pone al servicio propio y de sus aliados.

Los nombramientos escalonados de las cortes por la combinación del Ejecutivo, algunos sectores del poder judicial y del legislativo impedían que un presidente obtuviera influencia suficiente como para dominar las decisiones más importantes de las cortes mayores. Una vez que el Ejecutivo controla el Legislativo por medio de sus bancadas, las cortes y la judicatura quedan sometidas al jefe del Estado en el segundo período y su control se hace asfixiante durante el tercer período.

¿Cuál es el efecto mayor? La pérdida de independencia del poder judicial significa que se puede dedicar a perseguir a los enemigos del régimen y a exculpar los crímenes de sus aliados o de sus propios funcionarios: liquida así la libertad de sus opositores y de sus víctimas. En una situación tan delicada como la colombiana, donde prolifera frondosamente el narcotráfico y con un sistema de justicia ineficiente y retardado, tenemos a las puertas el reino de la impunidad. La mayor presión para que opere la justicia viene de afuera, de los países invadidos por la droga producida abundantemente en el país, lo cual choca contra los intereses de los criminales y sus políticos.

Aún en tiempos cuando la Corte Constitucional era supuestamente independiente, ésta aprobó el artículo de la reelección que dislocaba todos los frenos y balances de la estructura política, escribiendo en una sentencia que, en lo fundamental, no se alteraba el equilibrio entre los poderes. En ese momento se intercambiaron nombramientos en el servicio diplomático y en la burocracia por la codiciada mayoría que aprobó el segundo período uribista. ¿Qué se puede esperar ahora cuando queda prácticamente vaciada y los magistrados dependen de la conjunción de cortes, Legislativo y Presidencia, ya bien sometidos los primeros a la última?

El significado de la decisión no fue de poca monta: el poder del Presidente y, lo sintieron también sus ministros, se tornó ilimitado. Podían vulnerar la ley y los derechos de sus opositores, podían tener relaciones cercanas con el crimen organizado y ahí se quedaban atornillados. Ni la oposición, ni los organismos de control, ni la ley y menos la opinión pública podían tumbar un solo funcionario del Gobierno. Y podía éste también —¿por qué no?— volver a cambiar la Constitución para repetir más períodos presidenciales.

La trielección liquida, por fin, la competencia política pues las reglas de juego se sesgan radicalmente a favor del Presidente. Es como un juego de fútbol entre un equipo que cuenta con 15 jugadores y un arco pequeño, contra otro de 8 jugadores y un arco grande, con el árbitro y la tribuna (¿) en contra.