En algún escrito mío... parafraseé a Jean Paul Sartre en su obra de teatro Sin salida cuando el protagonista dice “el infierno son los otros” que no dejan vivir según un proyecto de vida propio, para aplicarlo al tema nuestro con “los impuestos son los otros”. Que los demás paguen mientras yo, terrateniente o empresario, quedo exento.
La esencia del neoliberalismo es la reducción de los impuestos que solían pagar los ricos en el mundo. En Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda y doquiera ha arraigado esta doctrina el Estado ha sido debilitado: la infraestructura se ha deteriorado, los servicios públicos reducen su cobertura, se despiden trabajadores y las pensiones se tornan miserables.
Lo que es peor es que la doctrina nubla la visión de los economistas a cargo de las políticas. Estados Unidos vive la hora más negra de su macroeconomía en medio de una crisis magnificada por la falta de regulación financiera: tiene que mantener los descuentos impositivos de sus archimillonarios con un déficit fiscal de enorme magnitud, que los agentes políticos de éstos demandan que se conjure por reducciones adicionales del gasto público. Irlanda debe pagar las pérdidas de la banca privada irresponsable con fondos públicos. Bush mostró el deterioro enorme de la función pública en Estados Unidos con la tardía y estúpida reacción de su gobierno frente al desastre provocado por la tormenta ‘Katrina’ en Nueva Orleans.
En Colombia, la administración Uribe acogió sin reservas la reducción de impuestos para los ricos, a pesar de que estuvimos cerca de que se nos tildara, erróneamente creo yo, de “Estado fallido”. Pero evidentemente teníamos serios problemas de seguridad con una insurgencia fortalecida y con ejércitos privados financiados por el narcotráfico enfrentándola.
En vez de avanzar en el camino trazado desde la Constitución de 1991 de aumentar el poder del Estado colombiano en seguridad y en lo social, desde 2002 se renunció a impuestos que dejaron al Gobierno en una situación deficitaria creciente, deteriorando seriamente la función pública. Acá no fue sólo falta de recursos sino la idea de que el Estado grande era perjudicial; en consecuencia, se podía convertir impunemente en botín de los políticos y de sus familiares. Por eso no hubo avances en la infraestructura ni en los servicios sociales.
El presidente Santos ha corregido un poco el legado recibido. Los aumentos de los impuestos a través de la reducción de las deducciones (por activos fijos y por el 4 por 1.000), más ahora la inclusión de patrimonios de 1.000 millones de las personas naturales y empresas que deben pagar el correspondiente impuesto, son no sólo necesarios sino insuficientes. Todavía sospecho que la mayor parte de los terratenientes del país no declaran propiedades que sumen esos $1.000 millones. Es deplorable que se hayan tomado este tipo de decisiones sin una discusión pública y democrática de un impuesto que tiene inconvenientes, pues existen mejores instrumentos tributarios en cobertura y que son más justos.
