Estos son requisitos que establece James Buchanan, Premio Nobel de Economía, para que el sistema capitalista se reproduzca de manera consensuada, limitando los abusos de poder que son los que precisamente permiten que un jugador gane suciamente un partido. En nuestro caso, se trata del surgimiento de un caudillo que destruye el buen funcionamiento del sistema, pues socava la competencia económica y política y desata además epidemias de corrupción.

El presidente Uribe ha cambiado la regla de sucesión presidencial en una ocasión, recurriendo a conductas cuestionables que fueron encubiertas por sus aliados en el sistema político, en el judicial y en los organismos de control. Ahora se apresta a cambiar la regla nuevamente cometiendo incluso más irregularidades que la primera vez, gracias a sus siete años en el poder, que le han permitido asegurar una mayor influencia en los círculos empresariales, en los estrados judiciales y en el Congreso de la República.

A la mayoría de la opinión pública del país parece gustarle que nuestro sistema político dependa de una persona, cuando en verdad su estabilidad y justeza dependen de un conjunto de reglas que deben ser respetadas por todos. Se trata de una discordancia cognitiva donde los triunfos del Gobierno contra la guerrilla son adscritos al presidente Uribe. Sin embargo, ha sido la reacción de las instituciones colombianas frente a la amenaza insurgente, junto con el apoyo norteamericano, los que explican los importantes triunfos de nuestra democracia contra la amenaza totalitaria que representan las Farc. En verdad, no vale la pena destruir esa democracia para defenderla de la guerrilla.

La tradición colombiana ha sido civilista: impedir el surgimiento de caudillos, incluso en el siglo XIX, cuando el sistema político era precario. El general Melo y el general Mosquera no pudieron gobernar por mucho tiempo. La eminencia gris detrás de La Regeneración, Miguel Antonio Caro, nunca pudo gobernar directamente el país, incluso cuando existía un monopolio conservador de todas las instancias de poder de la época. El general Reyes (1905-1909) y el general Rojas (1953-1957) no duraron más de 4 años en el gobierno, pues los partidos se unieron para derrocarlos cuando intentaban perpetuarse. El general Rojas, a su vez, derrocó a Laureano Gómez con un apoyo bipartidista cuando se aprestaba a cambiar la Constitución para prolongar su cruento mandato.

En mi columna anterior listé nueve razones por las cuales los ciudadanos debemos rehusarnos a participar en las convocatorias de tres referendos, pues todos están trampeados. Ahora se perfila una décima razón: la inclusión en el referendo de otra reforma constitucional que permite la reelección de gobernadores y alcaldes para contar así con 1.100 funcionarios a los que se les despierta la voracidad por el poder y contribuyen a movilizar a los ciudadanos a favor del cambio espurio de las reglas en la mitad del juego para ganarlo. En 2005 incluso el presidente Uribe la desechó por contraproducente.

Es hora entonces de que los ciudadanos, por fin, le saquemos la tarjeta roja.