Esta es una máxima doble que el presidente Uribe desconoce. Peor aún: insiste tercamente en continuar contrariándola, al afirmar que no desmontará los perversos incentivos a la confianza inversionista. Fue forzado a aceptar, por fin, que sí se requiere un “ajustico” de los impuestos para cuadrar las finanzas públicas.
El Presidente abusa de su poder. La democracia prohíbe que el Poder Ejecutivo asigne arbitrariamente impuestos o subsidios, funciones que corresponden a la representación de los ciudadanos, o sea al Congreso. El tema tributario se maneja por medio de reglas que aplican por igual a todos los ciudadanos, reglas que deben cumplir requisitos de solidaridad y equidad.
Un gobierno responsable no se deshace de preciosos recursos públicos cuando los ingresos son inferiores a los gastos durante varios años. Aun durante el auge, el Gobierno central mantuvo faltantes, algo que encubría aduciendo que las cuentas de administraciones territoriales, empresas del Estado y del Gobierno central estaban en equilibrio.
El argumento utilizado para justificar los regalos es que la nueva inversión supuestamente inducida aumentará los recaudos en el futuro. Lo cierto es que el faltante se viene llenando con deuda externa que el Gobierno monetiza, contribuyendo a revaluar el peso colombiano. Los subsidios para unos pocos terminan empobreciendo a los exportadores y a los receptores de remesas.
Cada año, y de manera creciente, el Gobierno devolvió impuestos por adquisición de bienes de capital y a las empresas que declaraba zonas francas, que incluyó a la de los Uribe Moreno, los que suman entre 6 y 8 billones de pesos por año. Además, quizá conociendo que no era legítimo ni conveniente, les firmó contratos de estabilidad jurídica a los beneficiados por 20 años, introduciendo una odiosa discriminación entre empresarios pendejos que pagan su obligación tributaria y los ventajistas que la evaden.
Estamos en medio de una fuerte caída de la actividad económica y la realidad fiscal le ha explotado en la cara al Estado: el déficit del Gobierno central pasará de 3,7% del PIB en 2009 a 4,3% para el año 2010, resultado de la caída adicional de los ingresos tributarios. Asimismo, el déficit primario pasa de un nivel ligeramente positivo en 2008, a ser -0,5% del PIB en 2009 y se proyecta en -1,0% en 2010. El Gobierno se parece a esos personajes que tienen dos tarjetas de crédito: pagan una endeudándose con la otra.
¿Qué sacrifica el Gobierno en estos negros momentos? Nada menos que la inversión pública que recorta ya de un nivel muy bajo, de sólo 2,1% del PIB en 2009, a ¡1,6%! en 2010. Este es otro efecto nefasto de la devolución de impuestos.
Tuvimos oportunidad de escuchar al primer mandatario en el seminario de ANIF, el 17 de junio, contando de todas las maravillas que ha hecho el Gobierno en materia de obras públicas y, más impresionante aún, las que espera emprender en el inmediato futuro. El DANE, sin embargo, informó al día siguiente que las obras civiles se derrumbaron 15% durante el primer trimestre de 2009, frente a un nivel muy bajo del mismo período de 2008. La inversión pública para 2010 anuncia un descenso más catastrófico aún.
Falta ver los efectos que tendrá en los mercados la percepción de que las finanzas públicas del Gobierno no son del todo sostenibles.
